Una familia pagó durante años la maestra de apoyo de su hija: ahora pagará Educación

La Justicia consideró que no alcanza con garantizar una vacante: el Estado debe proporcionar los apoyos que una estudiante necesita para aprender y participar en igualdad de condiciones. El Ministerio de Educación tendrá 15 días para cumplir.

La familia ya había recurrido a la Justicia en 2024. En aquel momento, un amparo terminó con la asignación de una Técnica de Apoyo en la Escuela para acompañar a la adolescente durante su escolaridad.

Dos años después, el recurso seguía existiendo, pero la realidad había cambiado. La profesional tenía bajo su responsabilidad a nueve estudiantes de la institución, incluida la adolescente por la que se inició el nuevo reclamo.

La familia consideró que ese acompañamiento ya no era suficiente y decidió contratar por su cuenta una Maestra de Apoyo a la Inclusión. La pagó durante dos años, hasta que el costo se volvió imposible de sostener. Con una indicación profesional que establecía 20 horas semanales de acompañamiento, la madre volvió a recurrir a la Justicia.

El primer reclamo apuntó contra el Instituto Provincial del Seguro de Salud, que rechazó hacerse cargo. La obra social sostuvo que el acompañamiento dentro de una escuela pública correspondía al Ministerio de Educación.

Educación tampoco consideró necesario incorporar el recurso. Argumentó que ya estaba cumpliendo con la sentencia anterior mediante la Técnica de Apoyo que concurría a la escuela.

Pero los informes incorporados al expediente terminaron mostrando otra cosa.

La propia institución educativa señaló que la estudiante necesitaba los dos apoyos, porque cumplían funciones diferentes. La Maestra de Apoyo a la Inclusión permitía brindar asistencia individual en determinados momentos de la jornada, facilitar el acceso a las propuestas pedagógicas y sostener la participación de la adolescente en actividades que, sin ese recurso, resultaban de difícil acceso.

Además, el Ministerio había reconocido la necesidad de reforzar el esquema y anunció la creación de un nuevo cargo. El problema era que el cargo todavía no estaba cubierto y tampoco existía una fecha cierta para hacerlo.

Para la jueza, eso no alcanzaba. Crear un cargo que todavía no tenía quién lo ocupara no solucionaba la necesidad concreta y actual de la estudiante.

El fallo remarcó que garantizar el derecho a la educación no significa solamente asegurar una vacante y permitir el ingreso a la escuela. Cuando se trata de una estudiante con discapacidad, el Estado también debe garantizar los apoyos necesarios para que pueda aprender, participar y transitar su escolaridad en igualdad de condiciones.

La resolución rechazó el reclamo contra el Instituto Provincial del Seguro de Salud y puso la responsabilidad en el Ministerio de Educación, de acuerdo con antecedentes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro sobre la provisión de estos recursos dentro de las escuelas públicas.

Ahora Educación tiene 15 días desde la notificación para asignar una Maestra de Apoyo a la Inclusión durante 20 horas semanales.

Después de dos años pagando de su bolsillo el acompañamiento que su hija necesitaba, la familia consiguió finalmente que la Justicia le dijera al Estado algo bastante concreto: la inclusión no se garantiza solamente abriendo la puerta de la escuela.