Dos años y medio de prisión en suspenso para el enfermero que robó ampollas de morfina

El caso por la sustracción de morfina en el Hospital Zonal de Esquel sumó este jueves su capítulo final. El tribunal mixto dio a conocer la sentencia para el enfermero Marcelo Gustavo Villarroel: dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para ejercer su profesión.

De esta manera, Villarroel —quien ya había sido declarado culpable por un jurado popular y técnicos— no irá a la cárcel al tratarse de una pena menor a tres años sin antecedentes previos. Sin embargo, la sanción golpea de lleno su carrera profesional: no podrá volver a ponerse el ambo ni desempeñarse en el sistema de salud durante un lustro.

La resolución quedó lejos del pedido formulado en la audiencia de cesura por el fiscal Fidel González, quien había solicitado cuatro años de cárcel efectiva y ocho de inhabilitación. Por su parte, la defensa del enfermero pretendía la pena mínima de un año en suspenso.

Los argumentos de la condena

Para determinar el monto del castigo, el tribunal integrado por los jueces técnicos Martín O’Connor, José Luis Ennis y Jorge Novarino, junto a los vocales populares Emiliano García y Celestina Farías, avaló los principales agravantes expuestos por la acusación.

Los magistrados remarcaron la gravedad de haber sustraído un medicamento opiáceo de disponibilidad restringida y reservado para urgencias hospitalarias, afectando directamente la reserva del centro público. También valoraron el abuso de confianza de Villarroel, quien llevaba más de 30 años en el área de salud y conocía al detalle las rutinas de la guardia —a la que definía como "su casa"— para actuar en soledad durante las madrugadas del 26 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025.

A eso sumaron la persistencia de su conducta: para concretar los robos, el enfermero llegó a hurgar en las pertenencias personales de una compañera de trabajo con el fin de sacarle las llaves del mueble donde se guardaban los fármacos.

Como única circunstancia a favor, el tribunal computó la falta de antecedentes penales del condenado, lo que le permitió evitar el encierro efectivo.

En sus fundamentos, los jueces dejaron un mensaje contundente sobre los delitos cometidos desde el Estado al señalar que los empleados públicos que delinquen en sus funciones merecen un "plus sancionatorio". Por esa razón, consideraron que la inhabilitación por cinco años era indispensable para garantizar que no se vuelvan a poner en riesgo los insumos críticos de la salud pública.