Piden llevar a juicio a 19 personas a 23 años de la desaparición de Sergio Ávalos

Sergio Ávalos tenía 18 años cuando desapareció, en junio de 2003. Su cuerpo nunca fue encontrado. La Fiscalía considera que reunió pruebas suficientes para juzgar a 19 personas, entre militares, policías y empleados del boliche, y sostiene que después de aquella madrugada existió un pacto de silencio para ocultar lo ocurrido.

Han pasado 23 años y Sergio Daniel Ávalos sigue sin aparecer. Tenía 18 años, era de Picún Leufú y estudiaba Economía en la Universidad Nacional del Comahue. La madrugada del 14 de junio de 2003 fue con otros estudiantes al boliche “El Fuerte”, también conocido como “Las Palmas”. Fue visto por última vez allí, entre las 6.30 y las 7.

Ahora, la fiscal federal interina Luisina Tiscornia pidió que 19 personas sean llevadas a juicio por desaparición forzada. Once están acusadas como coautores y ocho como partícipes necesarios. Entre ellas hay seis militares del Ejército, cinco policías neuquinos y empleados civiles del establecimiento.

La hipótesis fiscal va bastante más allá de señalar a personas concretas. Tiscornia sostiene que dentro del boliche funcionaba una estructura organizada de seguridad, con comunicación por handy, cámaras y un sistema para intervenir violentamente ante los conflictos. La definición utilizada en el requerimiento es contundente: un “aparato organizado de violencia”.

En inmediaciones de este lugar, fue visto por última vez Sergio Ávalos. Por entones funcionaba el boliche Las Palmas.

Según la acusación, los clientes que tenían algún problema podían terminar en el llamado “cuartito de seguridad”, donde eran golpeados o agredidos verbalmente. La Fiscalía también cuestiona que justamente la noche en que desapareció Ávalos no existan las grabaciones de las cámaras. La explicación de que simplemente se había terminado la cinta y nadie la reemplazó fue considerada poco creíble por la fiscal.

La investigación también mira hacia lo que ocurrió después. La Fiscalía sostiene que distintas personas que trabajaban en el lugar debieron conocer lo sucedido y que mantuvieron silencio. A eso suma irregularidades posteriores, entre ellas la destrucción de documentación policial y la ausencia de una anotación en el Hospital Castro Rendón sobre una llamada de una persona que dijo saber qué había pasado.

Para la Fiscalía, Sergio fue retenido dentro del boliche y luego trasladado para ocultarlo en otro u otros lugares, aunque todavía no se conoce dónde. La investigación reunió más de cien testimonios, documentación, tareas de campo y peritajes de ADN, incluso con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense.

El caso llegó a la Justicia Federal en 2014, después de una disputa por la competencia que terminó resolviendo la Corte Suprema. Ahora, 23 años después de aquella madrugada, la Fiscalía entiende que hay pruebas suficientes para sentar a 19 personas en el banquillo. Sergio sigue desaparecido y su familia sigue esperando una respuesta que permita saber, finalmente, qué pasó aquella noche.