Once imputados por vender droga: casas clausuradas y cuentas embargadas

La investigación por microtráfico de drogas terminó con 11 personas imputadas y una batería de medidas cautelares poco habitual: prisión domiciliaria, monitoreo con tobilleras, prohibición de regresar a determinados barrios y clausura de viviendas.

Los procedimientos fueron realizados durante el fin de semana por el Ministerio Público Fiscal y el departamento de Antinarcóticos de la Policía de Neuquén. La fiscal Silvia Moreira atribuyó a cuatro hombres la venta organizada de drogas desde al menos dos viviendas de Cuenca XV, entre mayo y agosto de este año.

En esos domicilios fueron secuestrados 84 gramos de cocaína, 61 gramos de marihuana y dinero en efectivo. Para tres de los acusados se dispuso prisión domiciliaria durante dos meses, mientras que otro quedó impedido de ingresar nuevamente al barrio. También fue clausurado un inmueble.

Pero la investigación no terminó ahí. Al día siguiente, la fiscalía acusó a otras siete personas de integrar una organización familiar que, según la acusación, fraccionaba y comercializaba cocaína y marihuana desde distintos domicilios de Cuenca XV y sectores cercanos.

Los allanamientos permitieron secuestrar envoltorios preparados para la venta, balanzas de precisión, anotaciones con precios y nombres, dinero en pesos, dólares y pesos chilenos, además de armas de fuego y municiones. Dos de los imputados también fueron acusados por tenencia ilegítima de armas.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo abrió una investigación por cuatro meses y dispuso para los siete imputados prisión domiciliaria en viviendas ubicadas fuera de Cuenca XV, con monitoreo electrónico. También prohibió el contacto con testigos y vecinos denunciantes. Dos de ellos, además, quedaron sujetos a embargos de hasta $30 millones cada uno sobre cuentas y billeteras virtuales.

La Justicia prorrogó la clausura de una vivienda, pero rechazó cerrar otra porque allí viven tres niños. La hipótesis fiscal quedó así bajo investigación, mientras los acusados deberán permanecer fuera del barrio donde, según la acusación, funcionaban los puntos de venta.