Cendón: el expediente que llega al Consejo y una pregunta incómoda para el Procurador Crespo

Hay una fecha marcada en el calendario judicial de Río Negro: 10 de septiembre.

Ese día el Consejo de la Magistratura sesionará en Bariloche. Todavía no existe un temario oficial y, por lo tanto, tampoco puede afirmarse que el expediente de Betiana Cendón vaya a ser tratado.

Pero hay una razón para mirar esa fecha con atención: el sumario de instrucción que tiene como protagonista a la fiscal jefa de Bariloche ya fue producido y todo indica que el Consejo deberá comenzar a definir qué hacer con él.

El resultado de esa investigación todavía no fue comunicado oficialmente.

Pero hay algo que TDC pudo reconstruir a partir de fuentes de absoluta confianza: varios de los testigos convocados durante la instrucción habrían ratificado situaciones de violencia y hostigamiento incluidas en la denuncia original contra Cendón.

No es un detalle menor.

Porque aquella denuncia no hablaba simplemente de una jefa exigente, de discusiones laborales o de diferencias de criterio.

Hablaba de gritos, humillaciones, insultos, presiones telefónicas fuera del horario laboral y hasta incluso en períodos de licencia, represalias, amenazas de sumarios, discriminación y un clima de temor dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal de Bariloche.

Y TDC ya había contado esa historia.

La denuncia que abrió la puerta

Fue en septiembre de 2025 cuando el caso estalló públicamente tras conocerse el contenido de la denuncia que puso a Cendón en el centro de una crisis institucional que todavía no terminó.

Aquella presentación describía, entre otras situaciones, insultos como “idiotas”, “tarados” y “boludos”; humillaciones públicas; llamadas y mensajes fuera del horario laboral; presiones sobre personal que se encontraba de licencia y represalias contra quienes cuestionaban sus decisiones.

También aparecían acusaciones mucho más delicadas: expresiones xenófobas y homofóbicas, violencia simbólica de género y referencias despectivas hacia integrantes del propio ámbito judicial.

Una de las frases atribuidas a Cendón decía: “Si hay dos chilenos hay lío, y acá hay tres”. Otra referencia incluida en aquella denuncia hablaba de la denominada “fiscalía rosa”.

Y había expresiones todavía más ofensivas atribuidas a la funcionaria. Quienes la conocen y tratan a diario no dudan en caracterizarla por su lenguaje soez y vulgar, que no parece compatible con la envergadura y jerarquía de su cargo: “Conchudas”, “Que me la chupe”, “que ponga los huevos en la mesa”, “retrasados”, “pajeros”, “chupa pija”, “idiotas”, “tarados”, “boludos” y otros improperios o expresiones sesgadas como “la bizcocha” o “esa gorda sucia”, y más en el catálogo, como aquel ridículamente pretencioso chiste de destacar la presencia de un empleado en una reunión de mujeres porque era “casi lo mismo”.

Todo aquello fue presentado como parte de un patrón de comportamiento.

Ahora, según pudo saber TDC, varias de las personas convocadas durante la instrucción del sumario habrían confirmado ante el instructor situaciones compatibles con aquellas denuncias.

La precisión es importante: el resultado del sumario todavía no es público y Cendón conserva todas las garantías propias del procedimiento disciplinario.

Pero hay una pregunta que empieza a ser inevitable.

¿Qué hará Crespo?

Acá es donde la historia deja de mirar solamente a Cendón.

Porque el Procurador General Jorge Crespo ya fijó posición en casos anteriores.

En 2021, durante el juicio político contra la jueza de El Bolsón Erika Fontela, Crespo pidió su destitución e inhabilitación. A Fontela le atribuyeron, entre otras, estas expresiones: “Si sacás 15 expedientes te la chupo”, “A vos ni tu marido te coge”; “Qué prolijo tenés el pelo, seguro que a la noche no cogiste”; “Vos sos incogible”; “Conchuda”; “hija de puta”.

Crespo sostuvo entonces que “Fontela no supo o no pudo mantener un comportamiento decoroso dentro del juzgado a su cargo. No logró imponer liderazgo ni el respeto de su equipo de trabajo, sino todo lo contrario, los sometió a malos tratos, que eran recurrentes y ofensivos” y abundó que las expresiones realizadas “denotan un vocabulario extremadamente vulgar, que resulta terminantemente inconcebible e intolerable”.

Entre sus argumentos sostuvo que “el maltrato y el destrato a compañeros de trabajo no puede justificarse” y que el Ministerio Público no podía consentir ese tipo de conductas que tuvieron consecuencias sobre las víctimas —tratamientos psicológicos, medicamentos, pedidos de traslado y renuncias—, lo que permitía descartar los hechos denunciados como simples conflictos laborales.

Recordatorio para cuando a Crespo le llegue el turno de analizar el expediente Cendón: desde que estalló la denuncia, dos fiscales renunciaron y otros funcionarios optaron por irse ante el primer concurso que apareció, incluso para ocupar cargos de igual jerarquía. Otra de las denunciantes, una defensora penal, también terminó renunciando.

Y hay más. En el mismo período, varios funcionarios y empleados atravesaron licencias psiquiátricas y se constataron cuadros de depresión y otras consecuencias graves vinculadas a la salud mental y derivadas del fuerte estrés laboral que describieron quienes quedaron expuestos al conflicto.

Es decir: aquello que Crespo consideró relevante para evaluar la gravedad de otros casos —renuncias, licencias, tratamientos y consecuencias sobre la salud de quienes denunciaban— también aparece, de acuerdo con lo que TDC pudo reconstruir, en el expediente que ahora deberá mirar el Consejo. Inclusive los hechos reprochados se parecen.

Y Crespo fue todavía más explícito en el caso Fontela.

Dijo que cada uno de los hechos acreditados podía justificar una sanción, sin necesidad de acumularlos.

Y planteó al Consejo una pregunta de fondo: si la funcionaria sometida a juicio conservaba las condiciones que habían sido consideradas cuando fue designada.

Tres años después, en el proceso contra la jueza de Familia Moira Revsin, Crespo volvió a utilizar un lenguaje contundente.

Habló de “hostigamiento, intromisión y maltrato”, de “acoso psicológico y discriminatorio” y de un ámbito laboral atravesado por “nerviosismo, temor y miedo naturalizado”. Figurita repetida.

Finalmente pidió la destitución porque, a criterio del Ministerio Público, la jueza había perdido las condiciones necesarias para permanecer al frente de una Unidad Procesal.

Ahora la vara está puesta sobre la mesa

Por eso el caso Cendón tiene una particularidad que excede el expediente.

No se trata solamente de determinar qué ocurrió dentro de la Fiscalía con la Jefa de Bariloche.

También habrá que observar qué hacen quienes deben evaluar esas conductas. Después de casi un año, tienen información sobre todo lo actuado y elementos para decidir.

Porque si los testimonios incorporados al sumario confirmaron situaciones de hostigamiento y violencia denunciadas desde hace casi un año, el debate ya no será solamente jurídico.

Será también institucional.

Y habrá que recordar las palabras que el propio Crespo utilizó cuando quienes estaban del otro lado eran otros funcionarios.

¿El maltrato deja de ser maltrato cuando la persona denunciada pertenece a otra estructura?

¿La vara será la misma?

Y, sobre todo:

¿Qué dirá ahora el Procurador General Jorge Crespo cuando le toque opinar sobre el caso Cendón?

TDC va a estar ahí.

Y sabemos que no seremos los únicos que estaremos esperando la respuesta.

Porque hay una pregunta que, a esta altura, ya no es solamente nuestra:

¿De qué se va a disfrazar la vara, don Jorge?