Caso Cendón: renunció otra denunciante, el sumario llega al límite y el Consejo de la Magistratura todavía debe explicar

Hay una fecha que hoy vuelve a poner el caso Cendón en el centro de la escena.

19 de agosto de 2026.

Es el día en que vence el plazo para la instrucción del sumario que el Consejo de la Magistratura abrió para investigar las denuncias contra la fiscal jefa de Bariloche, Betiana Cendón. Al menos, es la última fecha que se conoció públicamente.

Casi un año después de que un grupo de funcionarios judiciales denunciara presuntos hechos de maltrato, violencia laboral, abuso de poder, injerencias funcionales y otras conductas que consideraron incompatibles con el ejercicio de la función y hasta posibles delitos, el expediente llega al límite de su etapa investigativa.

Y justo en ese momento aparece una noticia que agrega una nueva dimensión al caso.

Mónica Goye, defensora adjunta penal y una de las denunciantes originales, decidió dejar el Poder Judicial después de 19 años de trayectoria ininterrumpida.

No se trata de una decisión informal ni de una amenaza de renuncia.

El 3 de agosto presentó una renuncia indeclinable, con efectos a partir del 21 de septiembre de 2026, sujeta todavía al trámite administrativo correspondiente.

La carta, a la que TDC accedió en carácter de primicia, tiene un contenido que difícilmente pueda pasar inadvertido.

Goye no habla de cansancio, de una oportunidad laboral ni de un simple cambio de rumbo.

Habla de principios.

“Me resulta imposible continuar integrando un sistema de justicia que, mediante sus prácticas, tolerancias y omisiones, termina por legitimar la violencia institucional.”

Y agrega:

“Cuando la estructura que debe garantizar los derechos falla desde su propio interior, el camino más coherente con mi ética es dar un paso al costado.”

La carta es formal. El lenguaje es institucional.

Pero el mensaje es demoledor.

La segunda denunciante que se va

La salida de Goye tampoco ocurre en un vacío.

Es la segunda denunciante del caso Cendón que abandona el Poder Judicial.

Antes lo había hecho el fiscal Tomás Soto, también integrante del grupo que presentó la denuncia y con una extensa trayectoria dentro de la Justicia rionegrina.

Las renuncias no prueban por sí mismas la existencia de los hechos denunciados. Pero sí constituyen un dato institucional que resulta imposible ignorar cuando se analiza qué ocurrió durante este año.

La denuncia original fue presentada el 9 de septiembre de 2025 por fiscales, fiscales adjuntos, una defensora adjunta y un jefe de división. El escrito describía un escenario que los denunciantes calificaron como un patrón de acoso laboral, maltrato psicológico y abuso de poder. La presentación también incluyó cuestionamientos por presuntas injerencias funcionales, expresiones discriminatorias y hechos vinculados con distintas investigaciones penales.

El caso no nació como una discusión menor sobre estilos de conducción.

Los denunciantes pidieron medidas concretas, entre ellas la suspensión de Cendón, la preservación de registros y la convocatoria de personas que pudieran aportar información sobre los hechos denunciados.

Pero la fiscal jefa continuó en funciones.

Y continuó compartiendo ámbito laboral con quienes la habían denunciado.

Como prueba máxima de la inacción, anotamos que la única medida más o menos sensata, fue haber quitado la superioridad jerárquica de Cendón sobre los denunciantes. Bueno, tampoco tan así, a los denunciantes los mandaron con el otro fiscal jefe, Martín Lozada. Eso sí, como todo lo actuado en este caso, la decisión no fue tomada de oficio, fue un pedido desesperado de los denunciantes.

La primera pregunta: ¿qué ocurrió después de la denuncia?

La denuncia ingresó formalmente al Consejo de la Magistratura en septiembre de 2025.

En noviembre, el organismo resolvió abrir un sumario administrativo y designó como instructor al legislador Juan Murillo Ongaro. La decisión fue adoptada por unanimidad, mientras que la designación del sumariante se realizó por mayoría.

La investigación quedó así en manos del Consejo.

Y comenzó un recorrido que TDC siguió durante todo el año.

El problema es que, a medida que pasaron los meses, comenzaron a aparecer preguntas cada vez más difíciles de responder.

¿Qué se estaba investigando?

¿Qué prueba se estaba produciendo?

¿Qué medidas se habían tomado para proteger a quienes denunciaron?

¿Cuándo iban a ser escuchados?

¿Y cuándo iba a terminar la investigación?

El Observatorio que dejó de intervenir

Uno de los primeros capítulos de esta historia fue la intervención del Observatorio de Violencia Laboral. En realidad, intervención es una forma de decir.

El organismo recibió la denuncia, pero posteriormente dejó de intervenir cuando el expediente pasó al ámbito disciplinario del Consejo de la Magistratura.

La explicación oficial fue que, al existir una denuncia disciplinaria, el Observatorio ya no debía continuar con su actuación.

TDC cuestionó desde entonces esa interpretación porque el propio sistema de protección frente a la violencia laboral contempla herramientas de orientación, asistencia, contención y protección.

La consecuencia concreta, sin embargo, fue sencilla de describir: la denuncia había sido presentada y los denunciantes quedaron dentro del mismo ámbito laboral que la funcionaria denunciada.

Y la funcionaria continuó ejerciendo su cargo.

El Consejo demoró la decisión sobre la suspensión

Los denunciantes habían solicitado desde el comienzo la suspensión provisoria de Cendón.

El Consejo postergó inicialmente el tratamiento de esa medida y finalmente abrió el sumario sin disponer el apartamiento de la fiscal jefa.

En noviembre de 2025, cuando el expediente llegó formalmente a la instancia disciplinaria, la situación ya había generado cuestionamientos por la demora y por la permanencia de Cendón en funciones.

Mientras tanto, los denunciantes continuaban expuestos al mismo ámbito institucional.

El argumento podía ser procesal.

El efecto era concreto.

49 testigos. Pero una pregunta sigue sin respuesta

Con el paso de los meses, la producción de prueba se convirtió en uno de los puntos más cuestionados del sumario.

El expediente reunió 49 testigos.

Pero, según la información que el propio Consejo proporcionó en respuesta a un pedido de informes legislativo, de los 45 testigos ofrecidos por los denunciantes solamente 23 fueron citados. El resto correspondió a testigos de la defensa.

Y hay un dato todavía más llamativo.

Los propios denunciantes no fueron llamados a declarar sobre los hechos que denunciaron.

La diferencia no es semántica.

En la respuesta institucional se habló de que habían sido convocados a ratificar sus denuncias.

Pero ratificar una presentación no equivale a declarar sobre los hechos.

Una cosa es confirmar que una denuncia fue presentada.

Otra muy distinta es sentarse frente al instructor y reconstruir qué ocurrió, cuándo ocurrió, quiénes estuvieron presentes, qué consecuencias tuvo y qué elementos pueden permitir comprobarlo.

La pregunta es tan elemental que casi se responde sola: ¿Cómo se investiga un hecho denunciado si a quien lo denunció no se le pregunta por el hecho?

Los denunciantes cuestionaron precisamente ese aspecto y denunciaron lo que consideraron un “vaciamiento” de la prueba de cargo. La controversia fue recogida incluso públicamente cuando solicitaron la intervención de instituciones externas como veedores del proceso.

Y aparecen los testigos

Aquí aparece otro dato que todavía no forma parte de una comunicación oficial del Consejo, pero que TDC pudo reconstruir a través de fuentes con conocimiento directo del expediente.

Al menos diez de los testigos citados habrían ratificado situaciones que habían sido denunciadas.

El dato requiere una precisión importante.

No significa que esos diez testigos hayan confirmado cada una de las acusaciones formuladas contra Cendón.

Significa que, según esas fuentes, sus declaraciones respaldaron o ratificaron situaciones incluidas en las denuncias.

La diferencia importa.

Y justamente por eso sería deseable que el Consejo explique qué valor probatorio asignó a esas declaraciones.

Porque la investigación no consiste solamente en contar cuántos testigos fueron citados.

También importa saber qué dijeron.

La denuncia penal terminó archivada

El caso tuvo además una derivación penal.

Las denuncias incluían acusaciones relacionadas con presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y otras posibles conductas delictivas.

Esa vía terminó con la desestimación y archivo express de la denuncia.

Los denunciantes cuestionaron esa decisión y sostuvieron que la investigación no había producido medidas probatorias suficientes para esclarecer los hechos.

La defensa de Cendón, por su parte, sostuvo que la cuestión penal había quedado descartada y cuestionó la presión externa ejercida sobre el sumario administrativo.

Es una posición que también forma parte de esta historia y que debe ser escuchada.

Pero el archivo de la vía penal no resuelve automáticamente la cuestión disciplinaria.

Son ámbitos diferentes y tienen estándares diferentes.

Por eso el sumario del Consejo continuó.

Cuando el expediente empezó a ser una cuestión política

El paso del tiempo hizo que el caso dejara de ser exclusivamente una cuestión interna del Poder Judicial.

En mayo de 2026, bloques de la Legislatura rionegrina presentaron un pedido de informes al Consejo de la Magistratura para conocer el estado del expediente, los testigos citados y los plazos de la investigación.

El instructor, consultado entonces, evitó revelar detalles y señaló que prepararía su dictamen.

La respuesta institucional fue que el expediente tenía sus propios tiempos y que se trataba de un proceso complejo.

Los denunciantes tenían otra lectura.

Para ellos, el problema era precisamente que un procedimiento que debía investigar una denuncia grave estaba avanzando bajo un nivel de reserva que les impedía conocer incluso qué prueba se estaba produciendo.

Los veedores que no llegaron

En julio, cuando el sumario ya llevaba más de ocho meses, los denunciantes volvieron a intentar introducir una mirada externa.

Solicitaron al Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, a la Asociación Civil de la Defensa Pública de Argentina y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que actuaran como veedores institucionales del proceso.

El objetivo declarado era aportar transparencia y evitar que el expediente quedara encerrado dentro de la propia estructura judicial.

La defensa de Cendón interpretó esa iniciativa de otra manera y sostuvo que se trataba de un mecanismo de presión externa sobre el sumariante.

Otra vez, dos relatos enfrentados.

Otra vez, un expediente que avanzaba puertas adentro.

Mientras tanto, el Poder Judicial hablaba de “altos estándares”

Y entonces ocurrió algo que TDC no dejó pasar.

El Superior Tribunal de Justicia emitió una acordada en la que puso el acento en la conducta de quienes integran el sistema judicial, la confianza pública, la dignidad de la función y la necesidad de mantener altos estándares de comportamiento.

La pregunta fue inmediata.

¿Qué sucede cuando esas mismas exigencias deben aplicarse dentro de la propia institución?

Porque en el expediente Cendón habían sido denunciadas expresiones y conductas que, de comprobarse, resultarían difíciles de conciliar con cualquier estándar elevado de conducta.

TDC no afirmó que esas expresiones hubieran sido probadas.

Afirmó algo más sencillo: habían sido denunciadas, habían sido incorporadas al expediente y debían ser investigadas.

Y ahora aparece la carta de Goye

En este punto de la historia hay que volver al principio.

Porque la carta de Mónica Goye no aparece aislada.

Aparece después de casi un año de atravesar el proceso institucional que siguió a aquella denuncia.

La defensora adjunta penal no menciona a Cendón por su nombre en su renuncia.

Tampoco afirma que abandona el Poder Judicial exclusivamente por el expediente disciplinario.

Pero sí describe una experiencia institucional que, según sus propias palabras, marcó un “punto de inflexión definitivo”.

Y utiliza expresiones que no necesitan interpretación: “prácticas, tolerancias y omisiones”. “Violencia institucional”. “Falla desde su propio interior”.

Después de 19 años de carrera, decidió dar un paso al costado.

No es una sentencia judicial.

Es la explicación de una funcionaria sobre por qué decidió abandonar la institución a la que dedicó casi dos décadas.

Y eso, por sí solo, merece ser escuchado.

Dos denunciantes afuera. Una funcionaria investigada que sigue en su cargo

El dato adquiere otra dimensión cuando se lo coloca junto al recorrido de Tomás Soto.

Soto fue uno de los denunciantes originales.

Renunció antes de que el proceso disciplinario llegara a esta instancia.

Ahora Goye anuncia su salida.

Mientras tanto, Betiana Cendón continúa ejerciendo como fiscal jefa de Bariloche y el sumario llega al final de su etapa de instrucción.

No hace falta agregarle dramatismo.

Los datos ya tienen suficiente.

Dos denunciantes dejaron el Poder Judicial.

La denunciada continúa en funciones.

El sumario llega al límite de su plazo.

Y todavía no existe una conclusión oficial sobre el fondo de las denuncias.

El sumariante y un silencio que duró un año

Durante todo este proceso, el instructor Juan Murillo Ongaro mantuvo reserva sobre el contenido de la investigación. Es más, se quejó públicamente de la ansiedad de algunos sectores.

La explicación tiene un componente lógico: un sumario disciplinario en trámite no puede convertirse en un espectáculo público y debe respetar garantías para todas las personas involucradas, pero él se encargó de aclararlo desde el principio. Su principal misión era respetar los derechos y garantías de Cendón, todo lo demás a la fila.

Pero una cosa es preservar la reserva de una investigación.

Otra es que durante meses no exista prácticamente ninguna explicación pública sobre su avance.

El propio instructor había señalado anteriormente que no podía revelar detalles del expediente.

Hoy esa reserva llega a un punto decisivo.

Porque el plazo de instrucción vence.

Y, a partir de ahora, el silencio deja de ser suficiente como respuesta.

¿Qué queda después de un año?

Hay una versión extraoficial que circula en ámbitos vinculados con el expediente y que TDC pudo conocer a través de fuentes de absoluta confianza: el sumario podría terminar sin una acusación de fondo o, en el escenario más severo que se menciona informalmente, con un apercibimiento.

No existe todavía una comunicación oficial que permita afirmar ese desenlace.

Por eso TDC no lo presenta como un hecho.

Pero la versión existe.

Y merece ser contrastada.

Porque si finalmente el resultado fuera ese, aparecería una pregunta inevitable:

¿Qué produjo un año de investigación?

Y si el resultado fuera otro, también habrá que explicar cuál es y por qué.

La pelota está ahora en el Consejo

El caso Cendón comenzó con una denuncia de enorme gravedad institucional.

Durante estos casi doce meses hubo un pedido de suspensión.

Hubo un Observatorio que dejó de intervenir.

Hubo una fiscal que continuó en funciones.

Hubo denunciantes que siguieron compartiendo ámbito laboral con la denunciada.

Hubo pedidos de veedores externos.

Hubo 49 testigos previstos y una selección de 23 entre los propuestos por los denunciantes.

Hubo cuestionamientos porque los denunciantes no fueron llamados a declarar sobre los hechos.

Hubo testimonios que, según fuentes con conocimiento del expediente, ratificaron situaciones denunciadas.

Hubo una causa penal archivada.

Hubo pedidos de informes legislativos.

Hubo explicaciones institucionales.

Hubo un año de silencio del sumariante.

Y ahora hay una renuncia.

La de Mónica Goye.

Después de 19 años.

Con una carta que habla de un sistema que, según ella, terminó legitimando la violencia institucional.

Todo eso forma parte de la historia.

Ahora falta la última pieza.

Qué hizo el Consejo de la Magistratura con todo esto.

No qué dice que hizo.

No qué debería haber hecho.

No qué podría hacer.

Qué hizo.

Porque el plazo de instrucción puede terminar hoy.

Pero las preguntas que dejó el caso no terminan con el calendario.

Y si el expediente está listo para pasar a la siguiente etapa, habrá llegado también el momento de que las instituciones que lo tramitaron expliquen qué encontraron después de casi un año de investigación.

TDC estuvo ahí desde el principio.

Cuando la denuncia apareció, la contamos.

Cuando el expediente avanzó, lo contamos.

Cuando se demoró, lo contamos.

Cuando las respuestas institucionales no cerraron, volvimos a preguntar.

Y ahora, cuando el reloj llega al final de la instrucción, la pregunta es todavía más sencilla.

¿Qué hicieron con la denuncia?

Porque una historia puede intentar archivarse dentro de un expediente.

Pero si hay preguntas que siguen sin respuesta, el expediente no alcanza para cerrar la historia.