Obsceno: un año después y sin escuchar a los denunciantes, desestimaron el juicio político contra Betiana Cendón

La salida de Cendón por la vía del Consejo de la Magistratura quedó descartada. El organismo aceptó este jueves el informe elaborado por el sumariante Juan Murillo Ongaro en el expediente iniciado a partir de las denuncias contra la fiscal jefa de Bariloche y resolvió remitir las actuaciones a la Procuración General para que continúen dentro del ámbito de Superintendencia del Ministerio Público.

La decisión fue adoptada por unanimidad de los consejeros que participaron de ese punto. Jorge Crespo no intervino en la votación: será precisamente el procurador general quien deberá analizar ahora qué hacer con los aspectos del expediente que quedaron fuera del alcance de la remoción.

El informe de Murillo Ongaro concluyó que la prueba producida durante la investigación no alcanzó para acreditar conductas con la entidad necesaria para configurar mal desempeño o graves desarreglos de conducta, los extremos que permitirían avanzar hacia un procedimiento de destitución.

Para llegar a esa conclusión, la instrucción incorporó 45 declaraciones testimoniales, documentación aportada por las partes, información solicitada a distintos organismos del Ministerio Público y constancias correspondientes a numerosos legajos penales vinculados con los hechos denunciados.

Pero para alcanzar la verdad de lo ocurrido faltó escuchar a una parte central de esta historia: los propios denunciantes. No fueron convocados a declarar y, según vienen cuestionando desde el inicio, tampoco se produjo una parte sustancial de la prueba testimonial que habían ofrecido.

El análisis fue dividido en tres grandes ejes: las acusaciones de violencia laboral, maltrato y acoso; las expresiones y conductas atribuidas a Cendón en el ámbito laboral; y su actuación en determinadas investigaciones penales.

En materia de violencia laboral, el sumariante entendió que los testimonios presentaron posiciones diferentes y que esa disparidad no permitió establecer un cuadro uniforme que acreditara una práctica sistemática. También consideró que capturas de pantalla, audios y documentación incorporada al expediente no alcanzaron para corroborar objetivamente una conducta persecutoria.

Eso no significa que el informe haya considerado inexistente toda conflictividad dentro de la Fiscalía. Por el contrario, señaló que algunas expresiones atribuidas a Cendón pudieron resultar desafortunadas o impropias desde las buenas prácticas de liderazgo, aunque entendió que no alcanzaban el nivel de gravedad requerido para una remoción.

Algo similar ocurrió con las acusaciones vinculadas a determinadas causas penales. El informe no encontró acreditado que Cendón hubiera actuado con una finalidad ajena al ejercicio de su función, ni que hubiera procurado beneficiar indebidamente a alguna de las partes o alterar el curso de las investigaciones. También tomó en cuenta que las denuncias penales derivadas de este expediente habían sido desestimadas en Viedma.

Y esa parte también tiene su propia historia.

Cuando, por decisión de la cúpula del Ministerio Público, se remitieron a Viedma los antecedentes relacionados con posibles delitos que Cendón habría cometido en el ejercicio de sus funciones, la investigación quedó a cargo del fiscal Hernán Trejo. El funcionario se encontraba de licencia, pero una vez reintegrado resolvió rápidamente que no había delito y dispuso el archivo de las actuaciones.

Un trámite que los denunciantes también cuestionaron por la velocidad y por las condiciones en las que se produjo la investigación.

La otra lectura del expediente

El cierre de la vía de destitución no implica, sin embargo, que el expediente termine sin observaciones. El propio informe dejó planteada la necesidad de revisar mecanismos internos de supervisión, comunicación y resolución temprana de conflictos.

Y ahí aparece la segunda parte de esta historia.

Los denunciantes cuestionaron duramente el resultado, que —tal como anticipó TDC desde el comienzo del proceso— era una posibilidad que el desarrollo del expediente hacía prever. Calificaron el procedimiento como una “parodia” y cuestionaron que la instrucción dejara fuera de las testimoniales tanto a los propios denunciantes como a profesionales médicos, psicólogos y psiquiatras que, según sostienen, habían constatado consecuencias psicofísicas y licencias médicas derivadas de las situaciones denunciadas.

También cuestionan que no se haya dado curso a toda la prueba ofrecida y que el Consejo no haya aceptado la participación de veedores solicitados durante el trámite.

Otro de los puntos que plantean está relacionado con las condiciones en las que declararon algunos empleados. Según los denunciantes, trabajadores que consideraban subordinados a Cendón fueron citados mientras la fiscal se encontraba presente o en despachos próximos. Es decir, personas que podían encontrarse directamente vinculadas laboralmente con la denunciada debieron prestar declaración en un contexto que, según los denunciantes, podía condicionar la libertad de sus testimonios.

El dato adquiere particular relevancia porque mientras los denunciantes no fueron convocados a declarar, Cendón sí estuvo en condiciones de presenciar testimoniales durante la instrucción.

El desenlace llega después de casi un año de un expediente que generó fuertes cuestionamientos dentro y fuera del Poder Judicial. Durante ese período, además, dos de los seis denunciantes originales dejaron sus cargos: el entonces fiscal Tomás Soto y la defensora penal adjunta Mónica Goye renunciaron a sus funciones, mientras Cendón continuó al frente de la Fiscalía sin ser apartada.

Con la resolución de este jueves, el Consejo de la Magistratura cerró la puerta a la remoción de Betiana Cendón por este expediente.

Pero la discusión no termina ahí.

Ahora el expediente llega a manos de Jorge Crespo. El procurador deberá determinar si los problemas de conducción, comunicación y conflictividad laboral que el propio informe reconoce justifican alguna medida dentro del Ministerio Público.

Un año después, la pregunta ya no es solamente qué resolvió el Consejo. También es qué valor tuvo un procedimiento en el que quienes denunciaron no pudieron ser parte, no fueron llamados a declarar y vieron limitada la producción de la prueba que habían ofrecido.

Ese es, precisamente, el punto que TDC seguirá mirando.